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ESTAMOS X la igualdad de oportunidades Y la erradicación de conductas sexistas
23-09-2014
La igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral tiene una labor ejemplarizante y supone un impulso en la búsqueda de un nuevo modelo económico y social. Es un deber y un compromiso con los ciudadanos y con la sociedad el trabajar para erradicar conductas sexistas. Estamos por: X La creación de una Comisión de Vigilancia e Interpretación que resuelva posibles desigualdades que se produzcan por razón del sexo. X La elaboración de un protocolo de actuación ante el acoso sexista en las Administraciones Publicas. X Por el desarrollo de planes de igualdad obligatorios en todas las empresas y Administraciones públicas negociados con los sindicatos. X Un protocolo único en todas las administraciones contra la violencia de género. X Reserva de plazas en las ofertas de empleo público para las víctimas de violencia de género. X Favorecer la movilidad a las víctimas de violencia de género. X Ampliación del permiso de paternidad. X Eliminar la brecha salarial existente por razones de sexo.
Sector Generalitat
ESTAMOS X la conciliación
23-09-2014
La conciliación de la vida familiar con la vida laboral es un elemento esencial en el desarrollo equilibrado de una sociedad avanzada, que tiene como valor fundamental la igualdad de sus ciudadanos. Es necesario establecer medidas activas de conciliación, que permitan a los Empleados Públicos compatibilizar el desarrollo de su carrera profesional con una vida familiar plena, con el fin de evitar que las personas se vean obligadas a optar entre trabajo y familia. Estamos por: X Negociar la jornada de trabajo y flexibilizar los horarios laborales de entrada y salida. X El desarrollo e implantación de medidas y herramientas para facilitar el teletrabajo, allí donde las circunstancias lo permitan. X Fomentar en todas las administraciones bolsas de horas compensatorias para garantizar la atención familiar. X Ampliar y mejorar los permisos legales, tanto los retribuidos como los no retribuidos. X Realización de la formación continuada en horario laboral. X Facilitar el apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de atención a personas dependientes. X Reserva de plazas en escuelas infantiles cercanas al centro de trabajo
Sector Generalitat
ESTAMOS X la prevención de riesgos laborales y la salud laboral
23-09-2014
La prevención de riesgos laborales es un área de obligatorio cumplimiento para la Administración y las empresas, pero se suma a las consecuencias negativas de los recortes puesto que está dejando de ser una prioridad, y cada vez está dotada de menor presupuesto, exponiendo así a los trabajadores a situaciones más inseguras y afectando a su salud laboral. Trabajamos por un entorno saludable y seguro para los trabajadores, demostrando que la prevención de riesgos no es una opción sino una importante obligación. Estamos por: X La defensa de la salud laboral de todos los trabajadores, exigiendo la implantación real de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su cumplimiento en las Administraciones Públicas. X Una intervención psicosocial, que no sólo se quede en evaluaciones sino abarcando todas las actuaciones que comprende (formación, medidas organizacionales, etc.). X Que sea recogido en el Código Penal como delito la agresión al empleado público en acto de servicio o como consecuencia de este, como atentado a la autoridad y de esta forma erradicar las agresiones a los profesionales. X La aprobación e implantación de Protocolos de actuación y planes de prevención de situaciones conflictivas y agresiones hacia los empleados públicos. X proporcionar una vigilancia de la salud que incluya medidas de adaptación de los puestos de trabajo en los diferentes casos de disminución de la capacidad laboral (trabajadores especialmente sensibles, embarazos, discapacidades etc.) además de los reconocimientos médicos periódicos. X La revisión del listado de enfermedades profesionales derivadas de las nuevas tecnologías y las situaciones laborales específicas. X La creación de los suficientes Comités de Seguridad y Salud en todos los sectores de la Administración Pública, permitiendo ejercer así el derecho a la consulta y participación de los empleados públicos. X La dotación de mayor número de Servicios de Prevención en la Administración Pública y con el personal necesario para cumplir con las actuaciones preventivas pendientes por realizar. X La formación de los trabajadores respecto a los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral; y a los diferentes puestos responsables en materia de prevención de riesgos (delegados de prevención, trabajadores designados, miembros del comité de seguridad y salud, coordinadores, recursos preventivos, etc.) que necesiten una formación más específica de todos los niveles (básico, medio y superior).
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Situación actual del país
23-09-2014
Venimos de una grave situación, motivada por una crisis económica y financiera profunda. Que nos ha llevado a que el paro lo sufra el 25% de la población y en menores de 25 años, más del 50%. Esta crisis ha supuesto una caída de los ingresos públicos, agravada por el brutal crecimiento, de las estructuras políticas de las administraciones públicas (Estado, CC.AA y Entidades locales). Frente a esta, realidad, nos encontramos con una ofensiva, desde todos los frentes políticos, contra el sector público, culpabilizando a sus empleados con todo tipo de tópicos. Esta deslegitimación del sector público es auspiciada por los que pretenden hacer de los servicios públicos un gran negocio por la vía de la privatización y por aquellos que ven a los empleados públicos como obstáculos para sus prácticas de corrupción. En este contexto, y bajo la falacia de que “tener derechos es ser un privilegiado social”, desde diferentes gobiernos, partidos y responsables políticos se proyectó a la sociedad una imagen de los empleados públicos como privilegiados, que sirve de coartada para imponer medidas injustas, inútiles e ineficaces. Los que lanzaron este ataque, a las administraciones públicas, están deliberadamente ignorando o escondiendo la realidad de nuestro país con unas, administraciones públicas que en contra de lo que se dice, tienen una ratio de empleados públicos por debajo de la media de Unión Europea. Los empleados públicos, tienen en estos momentos una tasa de temporalidad del 25% y después de los recortes, sus salarios en muchos casos, son inferiores a 1.000 euros. En mayo de 2010, el gobierno, redujo las retribuciones de los empleados públicos (por término medio el 5% y alcanzando en muchos casos el 10%). En julio de 2012, se suprime la paga extraordinaria del mes de diciembre a lo que hay que añadir las congelaciones salariales de varios ejercicios. Lo que supone una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos de un 30% de media, en los últimos cinco años. Todas estas medidas vienen acompañadas por un empeoramiento de las condiciones laborales de los empleados públicos: incremento de horas de trabajo, reducción de plantillas, no cobertura de vacantes, no sustitución de las ausencias temporales…., poniendo en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales de nuestra sociedad. Además de facultar a las administraciones para suspender los convenios colectivos y los acuerdos. En 2012 el problema eran los representantes de los empleados públicos y fueron reducidas drásticamente las condiciones que disponían las organizaciones sindicales para la defensa de los trabajadores y de los servicios públicos. También en 2012, el Real Decreto ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, introduce los expedientes de regulación de empleo en el sector público. Los excesos y derroches de nuestros políticos que nos endeudaron para muchos años, serán compensados con la reducción traumática de los empleados públicos y una merma de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Esta reforma laboral ha coartado la negociación colectiva de forma importante, y ha impuesto la modificación de las condiciones laborales de forma unilateral y es la constante utilizada por los empresarios para abordar diversos problemas en la organización y estructura de sus empresas. Hoy, los servicios públicos están aguantando la presión de los recortes y garantizan la calidad de sus prestaciones gracias precisamente al esfuerzo y la profesionalidad de los empleados públicos. CSI-F es consciente de la actual situación global de crisis económica. En este contexto, la Función Pública debe enfrentarse a la creciente exigencia de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos puestos a su disposición. Un contexto que debe ser aprovechado como oportunidad para promover un cambio en el proceso de modernización de nuestra Administración Pública. De igual modo, debe aprovecharse para diseñar y ejecutar un cambio en el modelo productivo en nuestro país, así como modificar aquello que es objetivamente mejorable. CSI-F, como sindicato profesional e independiente, cree firmemente en la negociación como la herramienta adecuada para acercar posturas con los distintos gobiernos, partidos políticos, agentes sociales y empresarios. En definitiva no somos la causa de la crisis ni los empleados públicos ni los trabajadores del sector privado Se ha querido asociar, déficit público, con servicios públicos y empleados públicos. Hay que dejar claro al ciudadano cual es la diferencia entre lo que son las Administraciones Públicas y los Empleados Públicos y lo que no lo es. Y qué presupuestos hay para Servicios Públicos en las Administraciones Públicas y qué presupuestos se gastan en otras ‘cosas’ que no son servicios públicos, “así se aclararían muchas cosas. CSI-F, siempre ha defendido que tiene que haber el número justo de Empleados Públicos, ni uno más pero tampoco ni uno menos, para prestar los Servicios Públicos que los ciudadanos demandan. Con una tasa de reposición cero, lo que se quiere transmitir al ciudadano es que se puede hacer lo mismo con menos trabajadores y eso no es cierto. No se podrá dar la calidad necesaria y demandada. Nos sentimos decepcionados, en esta situación, con los responsables políticos, sean del signo que sean, que confunden firmeza y rigor con imposición. Reclamamos para los Empleados Públicos la capacidad de negociación.
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CSI-F, un sindicato moderno
23-09-2014
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-F, es sindicato más representativo en el conjunto de las administraciones públicas, con una implantación creciente en la empresa privada y con una presencia activa en Europa, dentro de los foros de dialogo social, participando en los órganos de gobierno de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes, CESI, y formando parte de otros organismos internacionales. CSI-F ofrece a la sociedad una opción sindical moderna, alternativa a los sindicatos tradicionales y que afronta los problemas y demandas de los ciudadanos desde un punto de vista estrictamente profesional e independiente. Esta opción nos da la posibilidad de trabajar desde una posición, profesional y constructiva, apostando siempre en primer término por la negociación como alternativa a la confrontación, sin dejar de lado las medidas de presión sindical que consideremos oportunas en cada momento. Como agente activo de la sociedad civil, aspiramos a ofrecer a una alternativa sindical que responda a la necesidad de dar un nuevo impulso a nuestra democracia, con mayores cauces de participación y una absoluta transparencia a la hora de dar cuenta del dinero público. CSI-F se sumó desde el primer momento a la necesidad de desarrollar una Ley de Transparencia, adelantándose a su entrada en vigor con la publicación anual de nuestras cuentas en medios de comunicación, redes sociales y nuestras web, avaladas por una auditoría externa y por tanto independiente del sindicato. CSI-F, desde sus inicios es un sindicato profesional, independiente, dialogante, negociador, de futuro y de servicios. Lo que nos permite plena libertad para hacer propuestas y reivindicaciones en todos los foros y ámbitos de negociación sin consignas ni dependencias políticas. CSI-F es el único sindicato independiente y profesional presente en los foros del diálogo social y en todas las mesas generales de negociación de las administraciones públicas.
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