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Falta de medios y de personal en las cárceles catalanas
22-08-2016
Falta de medios y de personal, situaciones de interinidad y sustituciones sin una oferta de empleo público decente, ni un mínimo de condiciones básicas de seguridad... Es la situación que se vive en las cárceles de Catalunya. ¿Y qué hace la Generalitat al respecto? Nada. Tras la visita del conseller de Justicia Carles Mundó al centro penitenciario Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, los sindicatos ha aprovechado para hacerle entrega de un escrito unitario. En él, han recogido las preocupaciones y demandas del sector ante la situación que está sufriendo el colectivo, que califican de “alarmante”. En dicho escrito, los sindicatos señalan la falta de medios y de personal de los centros penitenciarios de Catalunya, que hacen que “cada vez sea más difícil asegurar la integridad y la custodia de los internos”. En su reclamación destacan la imperiosa necesidad de cubrir las plantillas de los centros “en base a las Relaciones de Puestos de Trabajo (RTP) vigentes”, para poder cubrir las bajas laborales, así como a aquellos trabajadores se están en comisiones de servicios. Además, también reclaman que se acabe con las situaciones de interinidad y las sustituciones, para lo cual ven necesaria una “oferta pública de empleo como corresponde a la realidad de nuestro colectivo”. Ponen como ejemplo los protocoles de intervención. Señalan que éstos están aplicados en base a un turno de trabajo convencional de una jornada diurna, “cuando deberían estar aplicados en base a un turno de trabajo con la asignación de personal mínima, como sería un turno nocturno”. PREOCUPACIÓN POR LOS INTERNOS Los sindicatos denuncian que el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) -- la empresa pública del Departamento de Justicia que tiene por objetivo dar segundas oportunidades a las personas privadas de libertad, a través de la formación en oficios y el trabajo productivo—“no respeta las condiciones mínimas de seguridad y prevención de riesgos laborales con los internos”. Señalan que muchos internos son contratados por cuatro horas y en realidad trabajan el doble. Además, les consta que los precios en los economatos son más caros que en un establecimiento corriente. Cuando los sindicatos preguntaron a la anterior directora, Elisabeth Abad i Giralt –que dimitió del cargo en noviembre de 2015—sobre en qué se basaban para establecer los precios, ésta no supo qué decirles. SE SIENTEN ABANDONADOS Ante esta situación, los sindicatos piden formalmente una reunión extraordinaria para tratar la falta de personal y de recursos, “un mal endémico que está afectando y maltratando nuestro colectivo”. Reclaman igualmente que no se les vete en el Grupo de Trabajo del ámbito penitenciario ni en las comisiones de seguimiento. Los trabajadores de los centros penitenciarios se sienten abandonados a su suerte tanto por las direcciones de los centros como por la Dirección General. Alertan de que cada vez se están produciendo más incidentes que se saldan con funcionarios e internos heridos. De hecho, señalan que, según los datos que maneja la Administración, hasta el 31 de mayo, se han registrado 53 agresiones a funcionarios, de las cuales 16 terminaron con baja laboral.
Sectors Generalitat Barcelona
L´atur baixa en 9.055 persones al juliol a Catalunya
22-08-2016
L´atur segueix registrant descensos. Al mes de juliol a Catalunya s´ha reduït en 9.044 persones, el que representa un descens del 2,01% respecte al mes anterior i situa el total de desocupats en 441.016, ha informat aquest dimarts el Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social. En comparació amb el mateix mes de l´any passat, el nombre d´aturats registrats a les oficines del Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) s´ha reduït un 12,11%, amb 60.769 desocupats menys. En el conjunt d´Espanya, l´atur registrat ha baixat fins 3.683.061 persones, el seu menor nivell des de l´agost de 2009, després d´experimentar un descens de 83.993 desocupats respecte al mes anterior (-2,2%), el seu major retallada en un mes de juliol des de 1997. L´atur ha baixat en totes les províncies catalanes, sent Lleida la que registra un major descens percentual, del 3,7%, amb 799 aturats registrats menys que al juny, fins 20.774. A Girona, l´atur ha baixat un 3,09%, amb 1.215 desocupats menys, fins 38.103; a Tarragona el descens ha estat del 2,76% (1415, fins a 49.775), ia Barcelona, del 1,66% (5615, fins a 332.364). En comparació amb juliol de 2015, a Barcelona hi ha 45.617 aturats registrats menys (-12,07%); a Tarragona, 7.431 (-12,99%); a Girona, 5.173 (-11,95%), ia Lleida, 2.548 (-10,93%). DESCENS EN TOTS ELS SECTORS L´atur s´ha reduït en tots els sectors d´activitat, amb més incidència en els serveis, que registren 3.917 aturats menys que el mes anterior. El segueix la construcció, amb 1.664 aturats menys; la indústria, amb 1.584; els aturats sense ocupació anterior, amb 1.474, i l´agricultura, amb 405 aturats registrats menys que al juny. MENYS INDEFINITS Durant el mes de juliol s´han formalitzat un total de 300.852 contractes, un 1,33% més que el mes anterior (3.961 més), dels quals el 89,6% (269.638) són de caràcter temporal. Els contractes temporals han crescut un 2,41%, amb 6.347 més que el mes anterior, mentre que els indefinits han caigut un 7,10%, amb 2.386 menys (31.214 en total). En comparació amb el mateix mes de l´any passat, els contractes a Catalunya han crescut un 3,56%, amb 10.352 més; d´aquests, 7.170 corresponen a contractació temporal (un 2,73% més) i 3.182 són indefinits (+ 11,35%).
Sectors Generalitat Barcelona
CSIF por un pacto social por las pensiones y el cuidado de l@s mayores
22-08-2016
Parece paradójico en un mundo volcado y rendido a las nuevas tecnologías, donde hay que estar en constante actualización para no perder el tren de las oportunidades laborales, las redes sociales, etc., donde cada vez se nos exige estar más y más al día de todo lo que pasa en el mundo y estar omnipresente en las muchas exigencias que nos someten a diario.... Pues bien, lo paradójico de todo esto es que en muchos casos sería imposible sin la inestimable, incalculable y generosa ayuda de nuestros mayores. El papel de los abuelos/as en la actualidad ha pasado de ser años atrás la casa de vacaciones en el pueblo hasta que los padres y madres podían disfrutar de su merecido descanso anual, a ser en la actualidad parte del soporte diario para que ambos progenitores puedan trabajar. A falta de un mercado laboral suficientemente sensible a las necesidades de conciliación de sus trabajadores/as, ahí están los abuelos y abuelas tendiendo su mano, llevando y recogiendo a los nietos/as del colegio, preparando comidas para toda la prole, llevando en algunos casos incluso a las actividades extraescolares vespertinas.... A la falta de horarios laborales compatibles, ahí están los abuelos/as como soporte fundamental, puntuales a la cita cuando realmente se les necesita. Es un recurso para los hijos/as pero también para las empresas y los gobernantes de turno que no terminan de darle a la conciliación la importancia y el empuje legal que necesita. ¿Cuál es el coste económico que los abuelos y abuelas prestan a la sociedad con su esfuerzo y trabajo de apoyo a la conciliación que se ahorran empresas y administración? La respuesta es fácil contraten esos servicios y hagan cuentas. ¿Cuál es el reconocimiento social y económico de ese esfuerzo y trabajo además del componente emocional que resulta fundamental en el cuidado y que ellos y ellas lo ofrecen gratuitamente? A todo lo comentado hasta ahora hay que sumar un drama en auge que es el número de abuelos/as que ayudan económicamente a sus hijos e hijas y nietos/nietas por pasar dificultades económicas. La cifra ha ido aumentando por la crisis en los últimos años hasta alcanzar el 80%. Además, los abuelos y abuelas dedican una media de 290 euros al mes para ayudar a hijos e hijas y nietos/as y uno de cada tres les entrega una cantidad de forma regular. Son el soporte vital, son el soporte en conciliación porque asumen todas las obligaciones pero, ¿dónde quedaron sus derechos? Cuidan y educan asisten por delegación de los padres y madres y realizan labores de alta responsabilidad totalmente invisibles en la última etapa de sus vidas. Son varios los estudios que demuestran lo beneficiosa que es la relación entre abuelos/as y nietos/as cuando se produce en un ambiente donde los roles están claramente definidos y los abuelos/as no asumen el de progenitores. Es en estos casos es donde pueden contribuir con su experiencia a solucionar casos de conflicto familiar, pueden trasmitir valores familiares y mantener el vínculo entre las generaciones, pueden aprender con sus nietos, acortando la “distancia intergeneracional”, etc. La relación con los abuelos y abuelas es balsámica en muchos casos porque se basa más en la conversación, el afecto y la aceptación. En conclusión ejercer de abuelo y abuela rejuvenece siempre que no se sobrepase la línea entre el placer que les provoca pasar tiempo con sus nietos/as y la responsabilidad en su cuidado y educación. CSI.F reclama un pacto social por la igualdad y porque entre en la agenda política y se invierta en conciliación. CSI.F reclama asistencia y apoyo para los casi dos millones de ancianos/as que viven solos en España sin olvidar que más de 200.000 personas mayores institucionalizadas no reciben visitas asiduas por parte de sus familiares. Desde CSI.F recordamos que el Pacto de Toledo supuso el mantenimiento a lo largo del tiempo de un sistema de Seguridad Social en España público, solidario, de reparto que supone la garantía de ingresos mínimos para muchas familias cuyos miembros están desempleados y subsisten gracias a la pensión del abuelo /a. CSI.F solicita una renovación de los compromisos asumidos en el Pacto de Toledo, que logren un sistema de pensiones sostenibles, justas y adecuadas a los tiempos y que no empobrezcan aún más a los abuelos y abuelas que intentan afrontar su última etapa de vida con la mayor dignidad posible.
Sectors Generalitat Barcelona
Los funcionarios se hacen viejos: menos ganas, más cínicos y con muchos achaques
22-08-2016
El 60% de los funcionarios españoles tienen ya más de 50 años, un desequilibrio causado por la falta de renovación de plazas que causa estragos en el sistema. Los servidores públicos peinan canas pero la mayoría siguen haciendo el mismo trabajo desde que entraron en la Administración, sin posibilidad de pasar a la reserva, entrar en oficina o, en definitiva, adaptar la carga de exigencia física a su edad. Reconocen que no tienen las mismas fuerzas ni motivación que hace 20 años. Palabras como "agotado", "desganado" y "enfermo" se repiten en las conversaciones. Una sensación que los afecta en lo personal pero que también pagamos en lo colectivo: el rendimiento de los servidores públicos disminuye y comienza a causar problemas palpables, como explican en este reportaje tres funcionarios de distintas ramas: un guardia civil, un funcionario de prisiones y un profesor de Primaria. La situación ha pasado de grave a crítica a una velocidad pasmosa. En enero de 2009 era fácil toparse en España con un funcionario de menos de 50 años. Más de la mitad de los funcionarios de carrera, un 58%, tenían menos de 50 años. Seis años y un lustro de crisis después, tras varios recortes, falta de recambio y ausencia de nuevas oposiciones, la Administración General del Estado se ha convertido en un cuerpo tremendamente envejecido.
Sectors Generalitat Barcelona
El Gobierno gasta 58 millones más en vigilantes privados para control de cárceles
22-08-2016
El Consejo de Ministros autoriza la contratación de 900 nuevos vigilantes de seguridad para las prisiones que se resolverá por concurso sin publicidad por razones de seguridad El Consejo de Ministros autorizó ayer la contratación de más de 900 vigilantes de seguridad para las prisiones españolas en el marco del plan de privatización de la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país que comenzó en 2013 y que actualmente se encontraba en la prórroga de su segunda fase, que entró en vigor en octubre de 2014 y cuya renovación ya llevaba meses de retraso con motivo, entre otras razones, de la demora de la formación del nuevo Gobierno. Los más de 900 vigilantes ocuparán 203 puestos de trabajo divididos en distintos turnos. El contrato conllevará un desembolso aproximado de 58 millones de euros por parte del Gobierno y dará servicio a todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, que son las que se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los vigilantes se dedicarán, como venían haciendo hasta ahora, al control del perímetro de las instalaciones penitenciarias y de los accesos, además de a la observación de los circuitos cerrados de televisión, el análisis y la gestión de las señales de alarma. Su labor seguirá siendo, por lo tanto, la de auxiliar en las mencionadas tareas, que seguirán dirigiendo los policías y los guardias civiles, según anunció el Consejo de Ministros. Los vigilantes que estén destinados al control de accesos seguirán estando capacitados para portar armas de fuego, como ya ocurre en otros servicios que realizan estos profesionales. El Consejo de Ministros ha tomado esta decisión en el marco de la Ley de Seguridad Privada, aprobada el 4 de abril de 2014, meses antes de que comenzara la segunda fase del mencionado plan de inclusión de vigilantes en las prisiones. La norma permite a las empresas de seguridad encargarse de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios cuando así lo decida el Ministerio del Interior y siempre al servicio de la Policía y de la Guardia Civil. El Gobierno tramitará la contratación del servicio mediante procedimiento negociado sin publicidad. Argumenta que así lo contempla la normativa vigente en materia de contratos del sector público dado que esta licitación "exige la adopción de especiales cautelas orientadas a preservar al máximo cualquier información relacionada con los servicios de seguridad a prestar y con la salida y entrada de reclusos". Según el Consejo de Ministros, se trata de "circunstancias excepcionales que requieren la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado". Los vigilantes se dedicarán al control del perímetro de las instalaciones penitenciarias y de los accesos, además de a la observación de los circuitos cerrados La iniciativa comenzó en 2013 con una primera fase a modo de prueba que conllevó la entrada de profesionales privados en algunos centros penitenciarios. En octubre de 2014 el experimento se trasladó a todas las prisiones de España en lo que se denominó la segunda fase del plan. Ahora, con el contrato de 900 nuevos efectivos, Interior renueva formalmente esa segunda fase, que ya llevaba un año prorrogada. No se inicia por lo tanto de momento la tercera y definitiva fase, que en teoría conllevaba la salida de funcionarios y la entrada de más vigilantes. La tercera fase estaba previsto que entrara al año de ponerse en marcha la segunda, pero la realidad es que la segunda se ha alargado un ejercicio más y ahora se ha renovado durante el mismo periodo, lo que deja la entrada del último ciclo para, al menos, finales de 2017. La repetición de las elecciones generales y el retraso en la formación del Gobierno, además de la polémica surgida tras el anuncio del plan, han provocado que el Ministerio del Interior paralizara el comienzo de la entrada de la tercera fase.
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